La ASF detectó irregularidades en un contrato de Liconsa operado por Gregorio Chávez, hermano de la senadora con licencia Andrea Chávez, incluidos pagos por más de un millón de pesos a dos personas fallecidas.

Según la auditoría, los pagos ocurrieron entre febrero y noviembre de 2023, después de que ambos beneficiarios habían sido registrados como fallecidos. El caso contempla posibles responsabilidades administrativas y desvío.

El informe también señala 45 millones de pesos pendientes de aclarar y pagos indebidos por precios de garantía. En Chihuahua, además, identifica otro posible desvío por 4.5 millones de pesos.

La investigación no estaba concluida, de acuerdo con el documento citado por Peniley Ramírez. Gregorio Chávez continúa registrado como funcionario activo de Liconsa, mientras el caso mantiene abiertas preguntas sobre controles del dinero público.